El diario abc color titula un cuestionamiento pero el texto revela más bien un temor. Hay una incoherencia entre la condenación del título y el desarrollo del texto. Al final va una carta al Director de la Oficina de Comunicación del Gobierno. Nos queda la sensación de que antes de tener toda la información necesaria para emitir un juicio, abc color se apresuró y graduó sus presunciones de "mal comienzo del gobierno de Lugo en materia de libertad de prensa". Pero lea y juzgue.
Abc color - 19 de agosto de 2008
EDITORIAL
Mal comienzo del gobierno de Lugo
en materia de libertad de prensa
De acuerdo a declaraciones del nuevo responsable de comunicaciones de la Presidencia, Augusto dos Santos, el flamante gobierno proyecta crear una unidad que centralizará la información pública. Parecería que la idea tiende a favorecer el derecho a la información, pero, por otra parte, un ente como el proyectado también sería muy útil para “administrar” la información, vale decir, para establecer qué se va a filtrar y qué se va a dejar pasar, en cuál versión y en qué momento. Crea temor la intención que subyace, sobre todo después de oír las recomendaciones que Correa, Morales y Chávez hacen respecto a la necesidad de domesticar a la prensa libre. Una excelente manera de acercarse a estos “consejos” sería impedir que cada organismo estatal tenga abiertas sus fuentes informativas.
De acuerdo a las declaraciones formuladas por el nuevo titular de la Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo (nuevo nombre de la anterior oficina de comunicación) de la Presidencia de la República, Augusto dos Santos, el flamante gobierno posee, entre sus proyectos, la creación de una unidad de centralización de la información pública.
En los términos expresados por el señor Augusto dos Santos, secretario ejecutivo de dicha repartición estatal, parecería que la idea tiende a favorecer el derecho a la información establecida y garantizada por la Constitución; pero, por otra parte, un ente como el proyectado también sería muy útil para “administrar” la información, vale decir, para establecer qué se va a filtrar y qué se va a dejar pasar, en cuál versión y en qué momento.
Nuestros temores no son exagerados ni tenemos la tendencia a obsesionarnos con estos riesgos, pero sucede que abundan los antecedentes de entidades similares que fueron creadas bajo distintas clases de regímenes políticos, en dictaduras de derecha como las de Morínigo (recuérdese el famoso Departamento Nacional de Propaganda o DENAPRO), Stroessner, Somoza y Pinochet, y en las de izquierda como las actuales de China Popular y Cuba, en las que el Estado regimenta la información pública sirviéndose precisamente de organismos creados al efecto.
A tenor de las declaraciones antedichas, el Gobierno de Lugo piensa crear un “Equipo de Comunicación del Estado” (ECOE), el que, reconociendo el derecho de la ciudadanía a la información, va a tener por función determinar en qué forma se le va a suministrar dicho material. Según la idea, en dicho organismo van a converger todos los flujos producidos en las múltiples dependencias estatales.
Bien entendido, habrá dos clases de información pública: la que cualquiera pueda dar u obtener por su cuenta (por ejemplo, a qué hora abren y cierran las oficinas) y aquellas que ningún ministerio, ninguna secretaría ni entidad descentralizadas podrán proveer directamente a las personas o la prensa sino a través del organismo central (probablemente casi todas las demás). Para aquellas que son urticantes para el Gobierno, la autorización para su publicación puede demorarse horas o hasta días, el tiempo suficiente para que su efecto se atenúe o desaparezca.
Sobre la base de estas ideas puede predecirse ya, en este momento, que le va a ser muy difícil al proyectado “Equipo de Comunicación del Estado” disponer de una carta orgánica que no sea violatoria de la Constitución. En efecto, esta dice simplemente que “Las fuentes públicas de información son libres para todos. La ley regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas, a fin de que este derecho sea efectivo”.
De modo que lo único que va a poder hacer el “Equipo” es regular las modalidades, plazos y sanciones, para lo cual requerirá una ley del Congreso. Mas, crear una única fuente de información estatal centralizada, aun cuando la Constitución habla en plural (las fuentes), es una idea que ya contiene en sí misma el germen de la inconstitucionalidad.
Pero no es la formalidad legal lo importante y lo que crea temor, sino la intención que subyace. Sobre todo después de oír las recomendaciones que Correa, Morales y Chávez hacen respecto a la necesidad de domesticar a la prensa libre. Una excelente manera de acercarse a estos “consejos” sería, precisamente, impedir que cada organismo estatal tenga abiertas sus fuentes informativas.
Ya podemos imaginar a los periodistas y ciudadanos interesados haciendo cola frente a una ventanilla para obtener la información de interés público que el organismo central distribuya. La ciudadanía se enterará de lo que afecta a su interés por medio de boletines redactados por unos cuantos funcionarios adiestrados para cumplir la función de “hacer fluir” las noticias.
Imagine el lector cómo la ciudadanía hubiera podido enterarse de los fatos que hacían Duarte Frutos, Bernal, Víctor Bogado, Galaverna y el resto de ese equipo infernal, si tales informaciones, para ser veraces, debían ser otorgadas por una oficina del Estado. Imagine el lector las demandas judiciales que tendrán los medios de prensa que publiquen algo diferente o contrario a lo que la “central distributiva oficial de informaciones” haya proveído.
El “Equipo de Comunicación del Estado” es una idea que aparenta ser útil e inofensiva, pero puesta en manos de personas con tendencias o deseos totalitarios de izquierda o derecha, puede llegar a ser directamente nefasta, pues va a acabar con la libertad de prensa en un santiamén.
Es necesario que Lugo y sus asesores lo piensen mucho más detenidamente y, si concuerdan con la idea de que hay que preservar la libertad de prensa a cualquier precio, lo más sensato va a ser que dejen que la información de interés público fluya por sus cauces naturales, como sucede ahora, que con sus dificultades y todo es preferible a cualquier forma del “nuevo orden de las comunicaciones” que promueven los regímenes totalitarios.
Cartas al Director
El secretario de Información y Comunicación para el Desarrollo de la Presidencia de la República, Augusto dos Santos, remitió una carta al Director de ABC Color, en relación a nuestro editorial titulado “Mal comienzo del Gobierno de Lugo en materia de libertad de prensa”, publicado en nuestra edición de ayer.
La carta expresa:
“Acudo a Ud., ante la publicación del editorial en el que se plantean informaciones que no se ajustan al sentido y la orientación fundacional de la Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo.
Afirma el comentario editorial que pretendemos generar una “unidad de centralización de la información pública”, lo cual no implica –como se interpreta– “filtrar o administrar” la información, sino por el contrario, que tanto la ciudadanía como los medios puedan encontrar en una página web, aparte del resumen informativo, los enlaces con todas las páginas del gobierno.
Por tanto, el proyecto de la Agencia Informativa, si bien es una convergencia informativa de los principales hechos de las distintas dependencias del gobierno, -al mismo tiempo- será un enlace con todas las oficinas de prensa que seguirán trabajando con normalidad y autonomía. No existe ningún proyecto de Agencia Estatal centralizada.
El hecho de que las distintas oficinas de prensa de los ministerios despachen sus informaciones a la Agencia Informativa no anula ni suple la gestión de estas oficinas y sus relaciones directas con los medios de comunicación.
Lamentablemente se ha interpretado equivocadamente que nuestra Secretaría (Secom) ejercerá algún tipo de control sobre la publicación de informaciones o la oportunidad de su difusión. Aclaramos que la entrega de información a la prensa desde las fuentes públicas de información se generará desde las reparticiones sin ningún control previo y sin intermediación de la Secom.
Los medios de prensa tienen la más amplia libertad de recurrir a los funcionarios del Estado o sus oficinas de prensa para recabar –como siempre– la información pública que requieran.
En cuanto al Manual para funcionarios sobre Información Pública, apunta a la misma dirección: instar a los trabajadores del sector público a sentirse obligados legal y moralmente a proveer toda la información que requieran la comunidad y los medios de comunicación, reafirmando la vocación de este Gobierno de no provocar límite alguno al acceso a la información.
Con este Manual quisiéramos que los funcionarios tengan una expresión concreta del propio Gobierno sobre su obligación a la transparencia.
No habríamos deseado que una interpretación errónea del noble objetivo del ECOE (Equipo de Comunicación del Estado) estuviera basada en la falta de una información adecuada de nuestra parte, por lo cual nos ponemos a disposición de sus periodistas para las aclaraciones pertinentes. En particular -por ejemplo- puntualizamos que el ECOE (Equipo de Comunicación del Estado) no es una oficina ni una entidad estatal sino una simple instancia de coordinación de los responsables de prensa de las oficinas del Estado.
Sobre el temor de las tendencias ideológicas o deseos totalitarios de las personas que integren el equipo de comunicación del Estado, es pertinente resaltar que el trabajo de las mismas será de orden técnico, en el sentido de facilitar la información pública por todos los medios hábiles y lícitos para cumplir el propósito de transparentar los actos del Gobierno que la ciudadanía desea conocer.
Ratificamos finalmente que tal como reza la última parte del editorial, ‘la información de interés público fluirá por los cauces naturales’. Reiteramos que no existe interés alguno de modificar la función de tales instituciones”, concluye.
